Seguridad en El Salvador: el eterno estado de excepción

Pasaron ya 1,460 días desde que Mauricio Funes tomó el poder en El Salvador con la ex guerrilla Frente Farabundo Martí (FMLN). Son cuatro años en los que, irónicamente, los principales actores en el escenario de la seguridad pública son dos: delincuentes y militares.
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seguridad en el salvador

Por David Ernesto Pérez/Diario digital ContraPunto

SAN SALVADOR - Pasaron ya 1,460 días desde que Mauricio Funes tomó el poder en El Salvador con la ex guerrilla Frente Farabundo Martí (FMLN). Son cuatro años en los que, irónicamente, los principales actores en el escenario de la seguridad pública son dos: delincuentes y militares.

Irónicamente porque, el denominado "primer presidente de izquierdas" y la ex fuerza beligerante que durante más de tres décadas luchó contra el absoluto dominio castrense que copó el Estado, incrementaron el poder de los uniformados y los trajeron a la vida gubernamental con la potestad que no lo hicieron las administraciones conservadoras de ARENA.

Funes le entregó - con resistencia blandengue del partido que lo llevó al poder - el volante de la seguridad pública a dos militares ahora defenestrados por sentencia judicial: los generales David Victoriano Munguía Payés y Francisco Ramón Salinas Rivera.

Pero en cuatro años no ha pasado solo eso, sino que aconteció un hecho trascendental que giró a la desesperada seguridad: la denominada Tregua entre Pandillas.

En un primer periodo de al menos tres meses, el Gobierno de Funes intentó desligarse del armisticio pandillero con una versión conocida popularmente como "duro blandito", es decir se alejó de una negociación con los delincuentes para, tiempo después, acercarse y apropiarla en propaganda gubernamental.

También hizo lo propio Munguía Payés, primero negando intervención de funcionarios en el diálogo pandilleril, luego sentando al frente de la problemática al ex guerrillero Raúl Mijango y al cura castrense Fabio Colindres, dupla por demás simbólica y contradictoria.

El hecho es que, mientras pandilleros se daban la mano y se tomaban las agendas mediáticas con la sorprendente reducción de homicidios - de quince a cuatro diarios - Funes ya estaba en su mesa planeando el lanzamiento de programas de reinserción y focalización de la inversión pública para tratar los municipios más golpeados por la exclusión y la pobreza.

Pero, más allá de la reducción de homicidios por la voluntad pandillera, el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuellar, señaló que, "lo más sobresaliente" en referencia a acciones impulsadas desde el Estado para combatir la delincuencia, fue precisamente la relacionada con aumentar el poder verde-olivo: de 890 efectivos en las calles en el año 2006 a 6 mil en el 2012.

¿Para qué?, se pregunta el crítico de la gestión Funes, puesto que la percepción ciudadana de la inseguridad sigue a día de hoy, no obstante la disminución de los homicidios y el incremento de los patrullajes.

"La gente vive en la zozobra diaria, yo no miro nada más sobresaliente y no miro más resultados positivos. Lo sobresaliente es que hay más de lo mismo con más cantidad y más gastos de recursos", declaró Cuellar.

En discursos públicos el mandatario suele destacar que, en su administración, han sido capturadas 23 mil personas que en años anteriores, lo que para él se traduce en eficacia policial y en buena gestión de lo que ya calificó de "el legado" de Salinas Rivera en la institución policiaca.

Pero, Cuellar recordó que capturas masivas no es una ecuación perfecta en superación de la impunidad, pues capturado puede salir tres días después si la Fiscalía General es incapaz de sostener una acusación.

El defensor de derechos humanos trajo a la palestra lo que en México es denominado "el efecto cucaracha", en referencia a la temporalidad del efecto disuasivo de los patrullajes militares en duo con policías.

"Lo sobresaliente sería que se invirtiera, en lugar de patrullajes que solo tienen de disuasivo, solo disuaden en el momento pero esos no pueden patrullar toda la vida, en todo caso lo que se da es lo que llaman el efecto cucaracha en México, ¿verdad? el veneno en el lugar surte efecto pero, el veneno tiene fecha de caducidad o tiempo de vida y pueden regresar", externó Cuellar.

Aparte, Cuellar regresó al tema que no fue superado con los Acuerdos de Paz firmados en enero de 1992: la impunidad de los crímenes de la Guerra Civil.

En enero del 2012 Funes viajó al cantón El Mozote, en el departamento de Morazán, y en su discurso pidió perdón en nombre del Estado por las masacres de un millar de personas perpetrada por el Ejército en 1981.

En dicho acto, Funes además de llorar, ordenó a las Fuerzas Armadas revisar su historia para no honrar a milicos que estuvieran señalados por cometimientos de crímenes de lesa humanidad.

Pero, desde esa orden nada más pasó.

María Silvia Guillén, desde la Fundación de Estudios FESPAD, valoró en positivo y negativo los cuatros años de seguridad pública; en blanco por la apuesta a la reinserción social, en el entendido que la violencia es provocada por la marginación económica; en negro siempre por el protagonismo militar.

Según la activista social, la prioridad es apostar a las capacidades investigativas de la Policía Nacional, más que al engrosamiento de las filas uniformadas.

"La impunidad sigue siendo el gran tema, cometer un delito es garantía que nada va a pasar (...) hay una política errática de las autoridades de seguridad que, con el ánimo de creer ser efectivos, están haciendo capturas masivas con poca capacidad investigativa pero esas personas no son sancionadas", reflexionó.

Con la salida de Munguía Payés llegó al Ministerio de Seguridad Ricardo Perdomo, ex director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), y en sustitución de Salinas Rivera el ex director de Migración y Extranjería, Rigoberto Pleités Sandoval.

Con los relevos - forzados por la Sala Constitucional - se abre una nueva etapa en la seguridad pública de la gestión Funes caracterizada por la destitución de funcionarios y el replanteamiento de políticas.

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